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El cantautor y abogado Juan Carlos Arboleda, escribió este beligerante artículo suscitado por la columna sobre las trampas de la Ley 30 que pretende imponer el gobierno para privatizar la educación en Colombia, firmada por el profesor Fabio Jurado y publicada en nuestro periódico la semana pasada El columnista denuncia aquí con agudeza facetas de la bancarización de esta sociedad adormilada. La polémica continúa.

Lo que está en juego no es de poca monta. La diferencia entre “servicio”, esto es, la relación civil y comercial entre “cliente” y “contratista”, nacida de un contrato es muy distinta de aquella que nace de la norma constitucional, esto es, entre un “sujeto-de-derechos”, la persona-humana y el Estado. Es decir, que la-persona-humana, el ciudadano, va a ser reemplazado por el Cliente.

Pero existe otra distinción aún más grave, no enunciada, del discurso neo-liberal del gobierno y que el profesor Jurado no cita: la diferencia entre Derecho y Privilegio.

En efecto, ¿cuál es el concepto que pretenden imponer los tecnócratas neo-liberales, atacando soterradamente el derecho constitucional y los derechos humanos fundamentales? Pues que los “Derechos” (bienes universales jurídicamente tutelados por el estado) sean reemplazados por los Privilegios (bienes que se obtienen no en virtud de la ley soberana que protege el Estado sino en virtud de la capacidad económica de la persona). ¡Qué belleza!

Pero el trasfondo es más sombrío: la intención última de la reforma a la Ley 30 de educación, no solo es convertir un derecho fundamental (la educación) en un Privilegio, volviéndolo una mercancía costosa, para privilegiados, sino también, el de Bancarizar “dicho servicio”. La única “universalidad” que los neo-liberales reconocen es la de los Deudores.

¿La intención última?: Bancarizar nuestra dignidad como seres humanos que somos.

La estrategia de la bancarización de la sociedad comenzó hace mucho tiempo cuando se bancarizaron otros derechos como servicios, como relación “cliente” y “contratista”: el agua, la luz, la telefonía pero sobre todo, la salud y las pensiones.

Los derechos fundamentales, bienes jurídicamente tutelados por el Estado y universales para toda persona humana sin distinción ninguna, han degenerado en contratos de mutuo, es decir, monopolio de los prestamistas.

¿La idea, el propósito?: Comerciar con nuestras necesidades más fundamentales y que sean objeto exclusivo del sector financiero, como las compañías de seguros.

Los derechos humanos son “derechos-fundamentales”, “naturales”, esto es, “inherentes-a-la-persona-humana” que se obtienen por su nacimiento, por la existencia biológica de haber nacido y que hacen parte del derecho natural no escrito. Por lo anterior son lógicamente necesarios, universalmente válidos e históricamente irreversibles.

Por supuesto que ahora hacen parte de las constituciones escritas y de infinidad de tratados, resoluciones y convenciones. Pero son de la esencia del derecho natural.

Son de aplicación inmediata y prevalentes; de ahí la acción de tutela como mecanismo extraordinario de su protección por parte del Estado, “sujeto” (persona jurídica) responsable de la garantía de nuestros derechos.

Algunos tratadistas del derecho constitucional pretenden enredar el tema haciendo la distinción entre derechos fundamentales (derechos humanos de primera generación como la libertad, la igualdad, la vida) y derechos asistenciales (derechos humanos de segunda generación, como los económicos, sociales y culturales) entre los cuales están, el derecho a la salud, al trabajo, a la pensión y a la educación.

Pero la jurisprudencia de la Corte Constitucional por vía tutela, ha demostrado que los derechos a la salud, al trabajo, a la pensión y a la educación, son derechos fundamentales. Y ningún derecho fundamental se puede comercializar, bancarizar. Son bienes jurídicos que, por su dignidad, están por fuera del comercio.

¿Qué es lo que está pasando constitucional y jurídicamente y que está teniendo unos efectos sociales tan catastróficos?

Pues que se pretende derogar, abolir, castrar, eliminar del todo a la justicia distributiva y re-distributiva y consolidar, imponer, sólo la justicia retributiva, universalizando los derechos como privilegios.

Es decir, acabar con el estado-social-de-derecho instituyendo el-estado-bancario-del-no-derecho, es decir, del privilegio. ¡Qué belleza!

Mejor dicho, la sociedad, el Estado, el planeta entero, deben funcionar como un gran super mercado.

¿Quién es el único que tiene derecho a tener derechos?

Pues aquel que tenga plata, mucha plata.

¿Los demás? Pues que se jodan solos. ¡¡¡Quién los mandó a ser pobres!!!

POSDATA: El último tecnicismo para abolir nuestros derechos, instituido por el ministro de hacienda, Juan Carlos Echeverry, es el de “sostenibilidad-fiscal”.

Eso quiere decir que si “no hay plata”, el Estado no puede reconocer derechos, así estén en la constitución.